Declaración de Chapultepec: Gobierno de Boyacá se unió a compromiso con Libertad de Prensa

Juan Carlos Granados Becerra, gobernador de Boyacá, acompañado por su hijo Juan Carlos.

Bogotá, 21 de enero de 2013 El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, asistió este lunes, junto con el presidente de la República Juan Manuel Santos, mandatarios locales y regionales a la firma de la Declaración de Chapultepec, evento realizado en las instalaciones del periódico El Tiempo, en la capital del país.

Dicha declaración, en nombre de la Sociedad Interamericana de Prensa, (SIP), insta a todas las autoridades del continente a proteger la libertad de expresión en sus respectivas jurisdicciones.

Por Boyacá asistieron además 20 alcaldes y la Secretaria de Participación y Democracia del departamento, en el evento organizado por la Presidencia de la República a través de la alta consejería para las regiones.

 Miembros de la SIP destacan que en el caso colombiano, donde el presidente Santos ya la suscribió, al acoger la declaración alcaldes y gobernadores hacen pública su adhesión a esos principios y se someten a la vigilancia de medios y sociedad para su cumplimiento, hecho que es histórico ya que compromete a estos mandatarios con la defensa de libertades públicas en todo el país.

Por la SIP asistieron su presidente, Jaime Mantilla, del diario Hoy, de Quito (Ecuador); Jorge Canahuati, presidente de la Comisión de Chapultepec, del diario La Prensa, de San Pedro Sula (Honduras); Asdrúbal Aguiar, presidente de la Comisión Legal de la SIP, del diario El Impulso, de Barquisimeto (Venezuela); Miguel H. Otero, presidente de la Comisión de Finanzas, Auditoría y Recaudación de Fondos de la SIP, de El Nacional, de Caracas (Venezuela) y Julio Muñoz, director ejecutivo de la SIP.

Estos son los diez principios de la Declaración de Chapultepec:

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa.

2. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir información y a expresar opiniones.

3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos la información del sector público.

4. Todo acto de violencia contra periodistas o medios de comunicación debe ser investigado con prontitud y sancionado con severidad.

5. Toda censura u obstáculo al libre flujo informativo se oponen a la libertad de prensa.

6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones    o favores por lo que escriban.

7. Las políticas arancelarias y las licencias no deben usarse para castigar a periodistas.

8. La incorporación de periodistas a asociaciones debe ser voluntaria.

9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad.

10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

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