Tunja, 16 de agosto de 2018. (OPGB). Mediante un escrito de 75 páginas, el gobernador Carlos Amaya presentó acción popular ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se pretende "la cesación del peligro, de amenaza y de vulneración al medio ambiente sano, al equilibrio ecológico, a la conservación de las especies animales y vegetales, en garantía de protección de las áreas de importancia ecológica en el departamento de Boyacá…". Igualmente, que se prohíba "todo tipo de actividades relacionadas con la etapa de exploración o estudios de sísmica en el departamento de Boyacá, así como la prohibición de la etapa de fracking subsiguiente y las demás medidas que en torno a la finalidad de protección perseguida resulten necesarias".
Además, que "se ordene de manera inmediata en protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural, arqueológico y paleontológico de la Nación, representado en la riqueza arqueológica, paleontológica, histórica y cultural existente en el departamento de Boyacá", y "que se ordene que los terrenos se devuelvan al estado anterior, en caso de que al momento de la sentencia existan obras realizadas", entre otras.
Lo anterior referente a la ejecución del contrato de sísmica celebrado entre Fonade (en representación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos) y Geofizyka Torún, denominado: 'Adquisición del programa sísmico cordillera 2d /2017 con vibros en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca'.
"En días pasados presentamos la acción popular con el objetivo de que el Tribunal defienda el territorio, nos dé la razón de que no podemos permitir ninguna actividad sísmica que busque la exploración de hidrocarburos no convencionales que le abra la puerta al fracking. Esta iniciativa ha sido respaldada con la firma de los boyacenses, y estamos esperando que la Defensoría del Pueblo coadyuve esta acción", afirmó el gobernador Carlos Amaya.
En el escrito, cuyos demandados son la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH -, el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade-, y Gt Services sucursal Colombia de la empresa Geofizyka Torun de Polonia, el mandatario regional da a conocer la problemática que se está presentando por el contrato y el riesgo que entraña para el departamento en dos campos de derechos colectivos protegidos: La afectación del ambiente con la exploración no convencional que se desarrolla y el futuro fracking; y la afectación arqueológica y paleontológica del patrimonio cultural e histórico.
Los municipios afectados son Cucaita, Samacá, Sáchica, Ráquira, Simijaca, Buenavista, Maripí, Caldas, Chiquinquirá, Pauna, San Miguel de Sema, Sutamarchán, Saboyá, Tinjacá, abarcando un espacio de 257 kilómetros, territorio objeto de este tipo de sísmica, que es el paso preliminar a la extracción de petróleo por el método conocido como fracking, que en concreto implica la utilización en forma masiva y desbordada del agua (recurso natural que necesita desde ahora ser protegido), la cual una vez utilizada regresa con químicos que imposibilitan su reutilización en campos productivos; y termina afectando el medio ambiente y el ecosistema en general por la expansión del recurso contaminado.
La demanda está amparada en los principios de precaución y prevención, conociendo que el paso a seguir -luego de la sísmica en referencia- ineludiblemente es la extracción de hidrocarburos por el método de fracking, con las nefastas e irreversibles consecuencias que esto ocasiona a los derechos colectivos.
"Es el momento de tomar decisiones radicales de protección a la tierra en todos sus componentes naturales, que garanticen un desarrollo verdaderamente sostenible para el presente y el futuro de nuestro terruño, así como para nuestras presentes y sobre todo futuras generaciones", se lee en la demanda.
"No podemos esperar que inicie la explotación vía fracking, cuando ya el medio ambiente sano, el ecosistema y el desarrollo sostenible se hayan violentados de manera irreversible. Estas acciones, por ser mecanismos procesales constitucionales de protección de derechos constitucionales colectivos, se caracterizan precisamente por las herramientas con que cuentan los jueces para tomar decisiones a tiempo; incluso si es necesario para el decreto de medidas cautelares", afirma el escrito presentado ante el Tribunal.
Esta es una acción más en defensa del territorio, que se suma a la audiencia pública realizada en Chiquinquirá en la cual se solicitó la suspensión del contrato en mención.
"Hicimos una audiencia pública en Chiquinquirá solicitando suspender el contrato, situación que Fonade no ha respondido; y, si bien es cierto los trabajos están parados, aún está abierta la posibilidad, por lo que estamos recurriendo a este instrumento jurídico para defender nuestro territorio", recordó Amaya. Además, el gobernador apoya el proyecto de ley que busca la prohibición de fracking en todo el territorio nacional.
En la demanda se recuerda que la explotación de hidrocarburos no convencionales está prohibida en algunos estados y ciudades de los Estados Unidos, en territorios de Canadá, en Francia, Bulgaria, Reino Unido, República Surafricana, República Checa, Irlanda del Norte, Austria, República de Irlanda, entre otros.
"No aceptamos desde ningún punto de vista siquiera la posibilidad de lejos del fracking. Defenderemos este territorio con todo el corazón y todas nuestras fuerzas, y unidos como boyacenses. ¡No al fracking, sí a la vida, si al agua!", finalizó diciendo el mandatario boyacense.
