La decisión se tomó a raíz de la existencia de dos fallos anteriores que ordenan la protección del ecosistema.
Por entreojos.co
En 2018 un grupo de personas que se presentó como 'Comunidad Agrícola y Minera de Municipios Afectados' le pidió al Tribunal Administrativo de Boyacá no tener en cuenta la delimitación del páramo de Pisba, iniciada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y ordenar la realización de estudios económicos, técnicos, sociales y ambientales en el área afectada por la delimitación.
Los demandantes exigían que tanto la cartera de ambiente como la de Minas, la Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá, Corporinoquia, las gobernaciones de Boyacá y Casanare, y los municipios de los dos departamentos con influencia en el páramo de Pisba, respondieran por esas peticiones y salvaguardaran, según argumentaron, los derechos de los habitantes de la zona.
La 'Comunidad Agrícola y Minera de Municipios Afectados' le solicitaba igualmente al Tribunal de Boyacá que se tuvieran en cuenta los derechos adquiridos, las situaciones consolidadas y demás derechos de la comunidad afectada con la pretendida delimitación.
Pedían, así mismo, que este proceso de definición de los limites se hiciera de manera más detallada, a una escala de 1:25.000, y que las comunidades afectadas tuvieran "una participación activa, amplia, deliberativa y consciente en el proceso de delimitación"
Aunque la acción popular argumentaba la necesidad de proteger derechos ciudadanos, entre los colectivos ambientales generaba inquietud el hecho de que la 'comunidad minera' quisiera que se les permitiera seguir explotando carbón en áreas tan sensibles como los páramos.
Razones de la nulidad
La reciente decisión del Tribunal, de fecha 27 de junio de 2019, la de declarar la nulidad de una acción popular en contra de la delimitación, está soportada en que ese mismo órgano judicial ya había tomado acciones en esa materia.
En 2017, y en respuesta a la acción popular No. 150012333000-2014-0223-00 interpuesta por la Defensoría del Pueblo en contra de Corpoboyacá, la Agencia Nacional de Minería, la Alcaldía de Socha y la empresa Carbones Andinos SAS, el Tribunal ordenó la suspensión de la explotación de carbón cerca al páramo de Pisba.
La Defensoría aludió que la actividad extractiva de Carbones Andinos SAS estaba provocando la contaminación de varios nacimientos de agua. Su actuación estuvo fundada en el reclamo de la comunidad de la vereda El Mortiño que denunció que la actividad extractiva de la mina Santa Isabel, propiedad de Carbones Andinos Ltda., se realizaba sobre dos nacimientos que surten a la quebrada El Tirque que a su vez abastece de agua potable a los habitantes de Socha.
En ese momento el Tribunal les ordenó a las autoridades ambientales "iniciar las gestiones necesarias y pertinentes, desde un enfoque participativo, para expedir el acto administrativo que delimite en su totalidad el Páramo de Pisba tomando como base el área de referencia generada por el Instituto Alexander von Humboldt a escala 1:25.000 o la que esté disponible y los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales elaborados por la autoridad ambiental regional".
Adicionalmente, y a la luz de una acción de tutela admitida por el Juzgado 2 Administrativo de Duitama en la que este ordenó al Ministerio de Ambiente emitir la Resolución de delimitación de Pisba, "el restablecimiento de los derechos afectados en forma amplia a las personas que tienen interés directo e indirecto en el proceso de delimitación del área de páramo" y fijar un cronograma de actividades que aseguren la participación ciudadana, el Tribunal Administrativo de Boyacá decide declarar la nulidad de la acción popular de 2018.
La actuación del pasado 27 de junio de 2019 del alto órgano de justicia de Boyacá fue motivada además por una solicitud de la Procuraduría Ambiental y Agraria que adujo "agotamiento de jurisdicción por la existencia de cosa juzgada" que quiere decir que lo solicitado por la 'Comunidad Agrícola y Minera de Municipios Afectados' ya tenía decisiones en ese sentido por parte del Tribunal de Boyacá y del Juzgado 2 Administrativo de Duitama que incluso permitió en que un fallo de segunda instancia el páramo de Pisba fuera declarado sujeto de derechos.
