"En días pasados, los campesinos, afectados por los abusos de Corpoboyacá, expresamos con una marcha nuestro pacífico y enérgico repudio hacia la entidad"
Por Carlos Eduardo Vargas
La obligada protección del medio ambiente ha pasado de castaño a oscuro. Entre nosotros existe consenso acerca de la necesidad de conservar y proteger el medio ambiente.
Con base en ese reconocimiento se ha extendido una conciencia ambiental que convenció al Estado de tomar riendas en el asunto. Con esa nueva motivación, ha expedido muchas normas y creado entidades para lograr ese propósito. Sin embargo, esa supuesta vocación altruista de los más nobles y elevados propósitos, ha chocado con una mentalidad miope, cómoda y mediocre de las entidades que llevan a la práctica la política ambiental del gobierno.
En desarrollo de esta política, la esencial protección del medio ambiente pasó de la absoluta libertad de los administrados a la restricción total. Derivado de ello, las entidades descubrieron una nueva capacidad: la de captar recursos por la vía de los permisos, concesiones, autorizaciones, etc. que tramitan. De esta manera se está propiciando en el ámbito departamental, y quizás también en el nacional, el surgimiento de entidades parásito que se caracterizan por priorizar en su gestión operativa, la captación de dinero de los ciudadanos, esto es, se han transformado en verdaderas cajas registradoras, compitiendo con la función de la DIAN. En esta nueva faceta de su operación, han dejado de lado y descuidado la función primordial o vocacional para la cual fueron creadas. Desde luego, ello motivado también por la necesidad de financiar su voraz, creciente y apetitosa burocracia.
En el Departamento de Boyacá, una entidad como Corpoboyacá, supuesta entidad insigne de la protección del medio ambiente en nuestro territorio, es rechazada enérgicamente por el campesinado que no ven en ella, nada más que esa caja registradora, encargada de establecer y recaudar las tarifas arbitrarias que cobra por sus magros o inexistentes servicios.
Los pagos de los ciudadanos de un país deben estar en estricta correspondencia con los servicios que del Estado reciben. En este caso, la entidad departamental es reconocida, justamente por su habilidad, empeño y eficiencia para recaudar dinero y no por su capacidad para retribuir con servicios de excelencia los cobros que realiza y, mucho menos, por la eficiente protección del medio ambiente. Los campesinos no recibimos un valor agregado de la gestión operativa de la entidad. Su altruista tarea hacia el medio ambiente se ha esfumado en una nueva y reforzada vocación rentista que ahora en ella predomina.
Además, los cobros que genera son la expresión de una política del garrote, plagada de amenazas, sanciones y restricciones. Parece ser que el Estado privilegiara el surgimiento de entidades ágiles en aplicar regímenes de terror, antes que propiciar políticas creativas, amigables, colaboracionistas, con las cuales, en un esquema de concertación, se puedan alcanzar y lograr los objetivos para los cuales fueron creadas.
Acudir al terror es la vía más fácil y expedita para recaudar dinero. Sin embargo, la gestión moderna requiere un ejercicio más exigente, en el que la dirigencia debe hacer uso de criterios creativos e innovadores, para convencer a sus gobernados de sumarse a sus propósitos.
De otra parte, la represión es una práctica que aleja a los ciudadanos de sus gobernantes.
El acuerdo 002 de 2019, mediante el cual se crea el "Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha", no es ajeno a esta clase de política. Contiene los mismos elementos característicos de la implementación de la actual política de protección ambiental: restricciones, prohibiciones y represión. El pasado 18 de noviembre en la capital datilera de Colombia, los campesinos afectados por los abusos de Corpoboyacá, expresamos nuestro pacífico y enérgico repudio hacia la entidad y anunciamos el comienzo de una lucha frontal contra esta anquilosada política represiva de la Corporación.
Ante esta espontánea manifestación, surge la oportunidad para solicitarle al gobierno nacional y al departamental que no hagan caso omiso de los reclamos de poblaciones vulnerables y, más bien, propendan por cambiar de visión en aras de construir un país mucho mejor. Es un esfuerzo grande que exige salir del confort que brinda el escritorio. La protección del medio ambiente apenas está en gestación y sería una pena que ella se siga buscando alcanzar, con base en la represión de los gobernados.
En el comienzo de una nueva era edificada sobre la base de unas políticas mucho más amigables, un gesto de buena voluntad hacia el campesinado del Norte de Boyacá, lo sería la derogatoria de oficio del Acuerdo 002 de 2019. En este 2020 llegan nuevos gestores de la administración departamental y municipal, ávidos de prestar un mejor servicio a los gobernados, eso nos ilusiona y nos llena de esperanza, porque ellos bien pueden ser nuestros aliados para que, a partir de ahora, la protección y conservación de nuestro amado Bosque Seco del Chicamocha, se haga de manera ágil, eficiente y concertada.
