Por Rubén Darío Rodríguez López
Chicamocha News
La crisis humanitaria existente en América Latina se ha profundizado aún más con la pandemia causada por la COVID-19. Las más altas tasas de mortalidad por esta enfermedad se han reportado en esta región, principalmente en Brasil y Colombia. Pero este no es el único factor que ha empeorado esta crisis regional, adicionalmente la inestabilidad política, la corrupción, el malestar social, los sistemas de salud frágiles y, quizá, el más crónico, es la desigualdad generalizada y de largos años que se ha entrelazado con la crisis migratoria y las dificultades económicas del continente.
Se estima que 231 millones de personas en América Latina vivirán en la pobreza para fines de 2020. Los países latinoamericanos han tenido durante mucho tiempo alguna desigualdad de ingresos más grave del mundo, y se prevé que empeoren. El mercado laboral informal es enorme, representa el 54% de todo el trabajo de la región. Hay países en los que la informalidad puede llegar al 70%. Los trabajadores informales tienen dificultades para el acceso a la protección social y no tienen otra alternativa que seguir trabajando a diario para ganarse la vida, lo que impide que las medidas de cuarentena y aislamiento se cumplan, provocando una movilidad mayor de la pandemia. (The Lancet, editorial, noviembre 07 de 2020).
Ahora, según la ONU, hasta 16 millones de personas en América Latina pueden encontrarse en situación de inseguridad alimentaria aguda (etapa previa a la hambruna) a finales de este año, casi 12 millones de personas más con respecto a lo que se estimaba antes de la pandemia. Este cálculo excluye a Venezuela, donde antes de la crisis sanitaria unas 9.3 millones de personas sufrían de una grave inseguridad alimentaria dentro del país, además de 1,2 millones de migrantes venezolanos que se encuentran hoy en Colombia y Ecuador (Plan Mundial de Alimentos, PMA. Nov 2020).
Para Tomson Phiri, portavoz del PMA, "las restricciones sin precedentes a la movilidad, el comercio y la actividad económica, como consecuencia de las medidas de cuarentena y aislamiento, están causando una recesión global y haciendo estallar el hambre". La pandemia se ha convertido en un golpe de gracia para una situación alimentaria dramática y que desde años atrás no ha hecho más que empeorar. Los pocos avances que podrían haberse conseguido por mejorar en algunos países, han sido borrados por la COVID-19.
Las dificultades para comer adecuadamente irán de la mano con el aumento de la pobreza extrema en América Latina, donde los datos más recientes señalan que este indicador pasará de 7,6% (hace un año) al 12,7% en Ecuador, del 5,5% al 9,8% en Brasil y finalmente en Colombia tendrá su mayor impacto, pasando del 10.3% al 14.3% al final del 2020. El aumento de la inseguridad alimentaria tendrá como causas principales la pérdida de ingresos para millones de familias.
Los pequeños agricultores (de América latina y Colombia), no se han recuperado de las pérdidas causadas en sus cultivos por fenómenos climáticos. Cada vez sus cultivos pierden la capacidad de resistencia a estos factores; adicionalmente, la pandemia ha hecho que el consumo de alimentos, principalmente demandado por hoteles, restaurantes y lugares de comida en general, haya disminuido considerablemente. Hoy los tratados de libre comercio empiezan a pasar la cuenta de cobro, la ausencia de una política agropecuaria a largo plazo ha dejado a nuestros campesinos a merced del libre mercado y se han cumplido los plazos para que muchos productos de la canasta familiar iniciaran su ingreso a Colombia libres de aranceles o con algunos aranceles muy bajos, aumentando la incertidumbre y la miseria en nuestro campesinado colombiano.
Hace unos 5 años el sector de la leche viene en crisis, las importaciones de lactosueros y otros derivados los han puesto en jaque. El frijol, el maíz, el sorgo y otros cereales fueron arrasados por las importaciones y en Colombia ya no son competitivos, y, para completar, hoy la papa, la yuca, la guayaba, entre otros, están entrando en la misma dinámica.
Traigo este análisis de los párrafos anteriores para contextualizar la dinámica que nuestra región, (García Rovira y Norte y Gutiérrez en Boyacá) que, si bien es cierto, la pobreza y la miseria han sido una constante en regiones apartadas de nuestro país, las consideraciones mencionadas ahondarán mucho más la crisis en los pequeños productores agropecuarios y, por ende, en las familias provincianas.
Los gobiernos de los últimos 20 años han hecho muy poco para ayudar a los productores a transformar sus capacidades productivas para volverlos competitivos ante las exigencias de los tratados de libre comercio, a excepción del café y hoy en día el aguacate Hass, los demás cultivos tardíos y de pancoger, atraviesan una de las peores crisis. Un gobierno como el actual, ha priorizado el desarrollo en la minería a gran escala y la agricultura de cultivos como la palma de aceite y la exportación del ganado vacuno en pie, sin ninguna transformación.
Hoy los únicos instrumentos que el Estado ha promovido son líneas especiales de crédito con bajos intereses, pero con muchas limitaciones a los pequeños productores, quienes en su mayoría traen viejas deudas y otros con problemas de formalización de predios que no les permite acceder fácilmente a estos recursos. Las convocatorias del Ministerio de Agricultura para incentivar la inversión en los sistemas productivos, son mínimas; escasamente cuenta hoy con el programa de Alianzas productivas y la Agencia de Desarrollo Rural ha promovido algunas convocatorias, pero resultan ser un chiste y una escaramuza para ayudar verdaderamente al productor. La ADR lanzó un programa de proyectos integrales de desarrollo agropecuario (PIDAR), en el cual participaron cerca de 4.000 asociaciones y solamente han aprobado un número aproximado de 30 iniciativas. Y, ni qué decir de la Extensión Agropecuaria, los pequeños productores llevan más de 4 años sin acceder al incentivo de este componente, y el pasado mes de octubre la Agencia sacó una licitación por más de $5 mil millones para 9 departamentos del país, para ejecutar un programa de extensión agropecuaria en lo que queda del 2020. No sabe uno si reír o llorar. ¡Inaudito!
Una salida a toda esta situación es darles un enfoque regional a las iniciativas productivas de las provincias. Es hora de dejar de pensar tan coloquial o municipalmente, es hora de unir esfuerzos, de impulsar los mercados locales y regionales, no es justo que los puestos de las plazas de mercado estén manejadas por comerciantes y no por productores, es hora de romper esquemas viejos y paquidérmicos que no han generado el mejoramiento de los ingresos de los productores, es hora de dejar de mirar los subsidios (ingreso solidario, familias en acción, etc.) como la única alternativa de solución, éstos son pasajeros, ya sabemos que a lo que conllevan estos subsidios es a más pobreza, más miseria.
Es el momento de las alianzas, de romper esquemas viejos y paquidérmicos de gestión pública, es el momento de la creatividad, de hacer lo que se tiene que hacer y no lo que siempre hacen. Señores Alcaldes, salgan del caparazón que les creó la COVID-19, que no les ha permitido evolucionar, siguen quejándose, siguen aprovechando la pandemia para no hacer nada, para justificar su ineficiencia, su falta de gestión. Rompan la creencia que con subsidios y regalos están ayudando a la gente, la mejor ayuda que pueden recibir es una verdadera educación, capacitación y apoyo al acceso de tecnologías, a la agroindustria, para que los ayude a mejorar su productividad y su comercialización.
¡Despierten, por favor!
