Con la medida de la Supersalud se afecta la vida y salud de millón y medio de afiliados.
Tomado de Elespectador.com
Getty Images y Editorial Doral Brickell
Por Alfredo Serrano Zabala, escritor y periodista
Con la orden de liquidar a la Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud Subsidiada Comparta EPS-S, adoptada el 26 de julio de 2021, por parte de Fabio Aristizábal Ángel, Superintendente Nacional de Salud, se avecina otro capítulo de migración de usuarios y se prolonga el juego a que, el sector salud, tiene sometidos a millones de afiliados en el país al trastearlos y entregarlos, al mejor postor, vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos colombianos de escoger de manera soberana su operador en salud.
Con la medida de la Supersalud se afecta la vida y salud de millón y medio de afiliados. Comparta fue despojada de manera inmediata de los bienes, haberes y negocios, debido a su crítica situación financiera y al incumplimiento de indicadores. La EPS Comparta completaba un lustro bajo medida de Vigilancia Especial por parte de la Superintendencia Nacional de Salud y tuvo 9 prórrogas, paños de agua tibia que no lograron enmendar los hallazgos que hoy envía al infierno a sus afiliados.
Cabe recordar, que hace cerca de 29 meses, el 13 de marzo de 2019, la Supersalud había anulado la operación de la EPS Comparta en los departamentos de Bolívar, Cundinamarca y Huila y 60 días después ordenó la cesación provisional de acciones que ponían en riesgo el giro de los recursos. El hueco financiero que cavó la EPS Comparta asciende a los $480 mil millones de pesos, suma que dobla y rebasa el total de sus activos.
La EPS Comparta prestaba su atención a 1′519.449 usuarios en su mayoría afiliados al Régimen Subsidiado, en 12 departamentos de Colombia: de la costa Atlántica; Atlántico, Magdalena Córdoba y Cesar, de la costa pacífica; Chocó, del centro del país Santander, Boyacá y Tolima y del oriente colombiano Norte de Santander y Arauca. Los municipios afectados son 276.
Los ciudadanos afectados serán objeto ahora de la famosa migración de usuarios que de manera inconsulta viene practicando la Superintendencia Nacional de Salud con el aval del Ministerio de Salud, mientras ello ocurre la EPS Comparta, ahora sin dientes, tiene que "garantizarle" el universo de servicios a sus víctimas los indefensos pacientes, algo realmente insólito porque la liquidan por ser ineficiente, le embargan hasta su última jeringa y luego le exigen que responda por el cuidado de sus afiliados…
La Superintendencia Nacional de Salud designó como Agente Liquidador a Faruk Urrutia Jalilie y como un imperativo la resolución emanada por la misma entidad ordena a las EPS receptoras de la mercancía en la que han convertido a los afiliados, a mantener la distribución de la población en las IPS asignadas por Comparta para el Plan Nacional de Vacunación.
La EPS Comparta, según la Supersalud, tenía en el primer cuatrimestre de 2021 una cartera por cobrar de 205 mil millones de pesos y en el mismo periodo sumaba una pérdida por 38.000 millones de pesos.
Comparta que ya ni respondía las acciones de tutela, en detrimento de sus afiliados no prestaba con oportunidad los servicios del Plan de Beneficios en Salud –PBS- ni el suministro de tecnologías no incluidas en el plan de beneficios, -No PBS- en el régimen subsidiado, los de salud integral, los de alto costo y enfermedades catastróficas.
Según la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Comparta no prestaba los servicios de medicina especializada, no asignaba con oportunidad las citas de medicina general, ni autorizaba oportunamente los procedimientos quirúrgicos. Presentaba, además, incumplimientos en las tasas de muerte maternas y perinatales, al igual que en indicadores de citología y mamografía; no respondía oportunamente las peticiones de sus usuarios, no entregaba con oportunidad los medicamentos PBS ni los no PBS en el caso de los adultos mayores y no entregaba autorizaciones a tiempo, indica la resolución del ente de control. También señala la Supersalud que la EPS Comparta dilataba la autorización y prestación de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, no garantizaba la entrega de los insumos a adultos mayores y personas con discapacidad, ni hacía gestión del riesgo a personas en aislamiento preventivo obligatorio, mayores de 70 años, grupos de las etapas 1 al 3 y atenciones domiciliarias.
La mayoría de las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios anteponían ante la EPS Comparta tenían que ver con el acceso a los servicios de salud que en la vigencia 2020, sumaron 5.386. La Supersalud había multado a Comparta por 6.700 millones de pesos, sumadas a un par de sanciones por 650 millones de pesos impuestas a su representante legal.
En la visita que efectuó en enero de 2021, el Superintendente Delegado de Medidas de la Supersalud, Germán Guerrero, encontró 43 hallazgos que demostraron el continuo incumplimiento que venía registrando la EPS Comparta, según lo anunció el texto de la medida adoptada.
Para completar, y según lo dicho en la resolución de la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Comparta no cumplía con los indicadores de mortalidad materna, proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal, porcentaje de tamización para virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en gestantes, tasa de incidencia de sífilis congénita, pérdida de función renal, porcentaje de diabéticos controlados, porcentaje de pacientes hipertensos controlados, entre otros.
Vale preguntarse por qué este cúmulo de anomalías, que son prácticas de vieja data, no fueron subsanadas en su momento y el Ministerio de Salud y la propia Superintendencia Nacional de Salud, dejaron que Comparta llegara, según su informe, a morir de pie sin haber realizado una intervención oportuna para evitar el desastre que hoy le anuncian al país, en una auténtica, lavada de manos, como si no fueran corresponsables de esta debacle en los que los mercaderes de la muerte tienen sometida a la salud en el país con millones de afiliados quienes observan con asombro, como esa otra pandemia en Colombia, consume la salud de sus nacionales.
La Superintendencia Nacional de Salud en su comunicado de prensa concluye que la EPS Comparta "vulneró normas constitucionales legales y reglamentarias referentes a la obligatoriedad del cumplimiento de sus funciones, competencias y responsabilidades que tiene como Entidad Administradora de Planes de Beneficios, frente a la garantía de la prestación de servicios de salud a la población afiliada en términos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad; así como la gestión eficiente de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud".
La Superintendencia Nacional de Salud, pareciera que celebrara más que lamentara la situación con el anuncio que indica, que con la liquidación de la EPS Comparta, ya son 11 las EPS en la nación que han sido revocadas totalmente o liquidadas durante este Gobierno. Entretanto los millones de afiliados viven a punta de Acetaminofén y esperas de semestres para citas prioritarias o con especialistas.
Vale la pena citar apartes de la columna de opinión que escribió, el 30 de julio de 2021, para Publicaciones Chicamocha News, el señor Rubén Darío Rodríguez López Titulada: "El lado oscuro de la liquidación de una EPS", en donde el autor sostiene que en un "documento publicado por el Ministerio de Salud en la página https://adresfosyga.com/las-mejores-eps-de-colombia-2021/, donde clasifica a las mejores EPS del país, se contradice con la resolución de la Supersalud, sobre la liquidación de la EPS Comparta pues esta EPS, no es la peor y cumple con 9 de 15 indicadores y está calificada con 72,17 puntos sobre 100, ocupando el puesto número 23 entre 40 EPS que existen en el país".
"Lo anteriormente expuesto me permite considerar la posibilidad de que los argumentos de la Supersalud para intervenir y liquidar a la EPS Comparta, no son suficientemente demostrados técnicamente y contradicen totalmente las evaluaciones reportadas por el Ministerio de Salud. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones para tomar esta decisión?", afirma y se interroga Rodríguez López.
En el trasfondo de las liquidaciones de las EPS que acomete la Superintendencia Nacional de Salud, se mueven muchos intereses, principalmente económicos y políticos, advierte Rodríguez y añade: "Vale la pena traer a colación un hecho que fue descubierto por la Fiscalía General de la Nación en octubre de 2018, dentro de la denominada Operación Quirófano, donde capturan a tres funcionarios de la Supersalud, de Saludcoop y Cafesalud por conformar una red de corrupción ligada a esta primera entidad. Según información suministrada por la Fiscalía, los funcionarios de la Superintendencia de Salud crearon un catálogo de servicios que ofrecían a cambio de grandes sumas de dinero.
Estos servicios consistían en agilizar los pagos retenidos a las EPS intervenidas como Cafesalud, proporcionar información respecto a trámites de inspección y vigilancia de carácter financiero, influir en trámites de reorganización para tomar decisiones y facilitar y dirigir las afiliaciones a ciertas EPS y así poder recibir más recursos del Estado".
Así mismo es sano advertir que Farruk Urrutia Jaliliee, el Agente Liquidador de la EPS Comparta, recientemente designado por la Superintendencia Nacional de Salud, en su hoja de vida certifica su labor como director del Centro Democrático en el departamento del Cesar y que en el año 2002 fue vicepresidente del antiguo Instituto de Seguro Social (ISS), bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.
Finalmente y antes de terminar este artículo, es definitivamente importante indicar que el Juzgado Promiscuo de Málaga Santander ordenó suspender el día 4 de agosto del corriente, los efectos ordenados mediante la resolución proferida por el ente de control, sobre la toma de posesión de la EPS COMPARTA con fines de liquidación, esto es una situación compleja, pues que prestador en sano juicio y en razón a las deudas que le tenía la EPS va a garantizar la prestación de los servicios de los afiliados hasta que se resuelva el fallo en comento, ¿Quién responde?
