Por Germán García Barrera
Editor de entreojos.co
Lead: Una represa construida para regular las crecientes del río Chicamocha y asegurar regadío a cultivos del centro de Boyacá se convirtió en depósito de aguas negras. Un tribunal ordenó hace 20 años acciones para erradicar su contaminación; sin embargo, el problema persiste.
Cuerpo de la historia
“Cuando uno abre la boca para hablar o darle un sorbo al tinto se le meten los zancudos, es realmente insoportable, pero tenemos que vivir acá, nadie ha hecho nada por nosotros”. Así, con rabia y algo de resignación, Héctor Coronado, habitante de la vereda Río de Piedras, de Tuta, describe la situación a la que se ven enfrentados a diario.
El municipio de Tuta se encuentra a 26 kilómetros de distancia de Tunja, la capital de Boyacá, y como antesala, el visitante ve a su derecha un cuerpo de agua tapizado por algas invasoras, conocido como represa de La Playa. De él emana un fuerte olor a huevo podrido y emergen molestas y agobiantes nubes de insectos.
Esta represa fue construida en 1966 sobre el río Jordán para controlar las crecientes del río Chicamocha en época de invierno y regular el flujo de agua en tiempo de verano, en beneficio de los agricultores que dependen del Distrito de Riego y Drenaje del Alto Chicamocha y Firavitoba. Sin embargo, hoy es un depósito de aguas negras.
El Distrito de Riego y Drenaje pertenece a la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y es operado desde 1995 por Usochicamocha, una asociación de usuarios distribuidos entre los municipios de Paipa, Duitama, Santa Rosa de Viterbo, Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y Firavitoba.
Cinco años antes, en 1961, la Penitenciaría Nacional de Oriente (Hoy Penitenciaría El Barne) había comenzado a operar y sus aguas residuales empezaron a contaminar las del Jordán. A las pestilencias del penal se sumaron los vertimientos del alcantarillado de Tunja a este río, lo que llevó a su desprestigio, tanto así que el término de río ‘Chulo’, con el que fue bautizado por la población, dada la putrefacción de las aguas que transporta, aparece consignado en varios documentos oficiales.
Al ‘Chulo’ llegan además vertimientos domiciliarios de municipios como Motavita, Cómbita, Oicatá y Chivatá, y de la penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Cómbita, construida en el gobierno de Andrés Pastrana Arango, y que junto al Barne albergan a casi cuatro mil reclusos; también, los desechos generados en las granjas porcícolas de estos centros de reclusión y aquellos procedentes de las parcelas localizadas en inmediaciones, tanto de la represa como del mismo Jordán.
Los expertos señalan que la materia orgánica proveniente del alcantarillado y aquella generada desde los criaderos de cerdos inciden en el crecimiento exponencial de esta maleza, y la consecuente presencia de zancudos de la especie Culex, o zancudo común, habitante de aguas contaminadas con alto contenido orgánico, como recipientes, zanjas, escurrideros, desagües y fosas sépticas.
Investigaciones académicas, como la realizada por Acosta y Agüero (2005), titulada ‘Malezas acuáticas como componentes del ecosistema’, que hace parte de la Revista Agronomía Mesoamericana de la Universidad de Costa Rica, concluyeron que “la maleza más ampliamente distribuida de este grupo es el buchón de agua o lirio acuático”, el mismo de La Playa.
Otras conclusiones de dicho estudio son las siguientes:
“Esta planta como las demás malezas acuáticas tienen un gran poder de reproducción, produce una gran cantidad de semillas y puede llegar a producir 300 plantas nuevas por mes”.
“Son dos los principales factores que regulan el crecimiento de las malezas acuáticas: luz y nutrientes”.
“Los nutrimentos que más regulan el crecimiento de las plantas acuáticas son carbono, nitrógeno y fósforo; de los tres el fósforo es considerado el que más influye en el crecimiento de las plantas”.
Vecino incómodo
Alcira Pedraza Martínez es quizá la persona que vive más cerca de la represa de La Playa. Su casa, donde funciona el ‘Parador la Playa Puerto Príncipe’, se encuentra a pocos metros de la ribera y allí recibe directamente el impacto de olores, mosquitos y zancudos. Cuenta que en alguna ocasión se topó con una culebra, salida del estanque.
Hace 40 años llegó a la zona con la esperanza de prosperar. Allí estableció su negocio, donde presta servicio de cafetería y venta de víveres y licores. Lamentablemente, el aspecto del sector y el impacto ocasionado por las aguas residuales concentradas espantan a los clientes.
Su esperanza, en medio de la situación, es que las entidades responsables limpien el buchón que tapiza la represa, para que al menos los turistas bajen a tomarse fotos, “al fin y al cabo uno se acostumbra al mal olor”.
Laura Camila González hace parte de una generación que ha convivido con este conflicto. Tiene 24 años y ha visto a su familia lidiar con esos efectos perjudiciales. Relata que, en el 2000, la comunidad se dio a la tarea de retirar las algas acuáticas, cuya acumulación provoca el olor a huevo podrido y el surgimiento de los insectos; sin embargo, estas vuelven a crecer todos los años.
Solo una molestia sanitaria
En los análisis efectuados por la Secretaría de Salud de Boyacá se advierte que dichos insectos constituyen una “molestia sanitaria”, pues sus picaduras “pueden causar respuestas alérgicas en las personas”, expresadas en “lesiones cutáneas pruriginosas”.
De eso y de otros síntomas que ha experimentado su familia da fe Gloria Vargas, habitante de la vereda Resguardo. Su hijo de cinco años fue víctima de picaduras y presentó fiebre, vómito y diarrea; debió llevarlo a urgencias y cuando estuvo mejor regresó a casa para enfrentarse de nuevo a su realidad: convivir con una represa contaminada e infestada de zancudos y moscos. La noche es una pesadilla, el zumbido desespera y la única alternativa es acudir al Raid, un popular insecticida, y a la instalación de toldillos.
La “molestia sanitaria” no representa una alarma significativa para las autoridades, pues los insectos de La Playa, en Tuta, no son transmisores de enfermedades como dengue, chikunguña, zika o fiebre amarilla, de las cuales es responsable el mosquito Aedes aegypti -sin registro en la zona-, o el Anopheles, asociado al paludismo o la malaria.
Una funcionaria de la dependencia de Salud, quien pidió no ser identificada, lo describió de la siguiente manera: “Los de acá son zancudos que pican, generan una roncha normal, pero de ahí no pasa, eso es lo que llamamos una molestia sanitaria”. Y el mosquito pequeño, también molesto, es propio de la descomposición de la materia orgánica y de la acumulación de plantas acuáticas en estanques. “En esta zona no hay riesgo de ese tipo de enfermedades tropicales”, añadió.
Advirtió además que las condiciones sanitarias de las viviendas próximas no son las mejores, hay desaseo, convivencia con animales, disposición de aguas residuales a campo abierto y pastoreo de ganado cerca de la represa. “El ganado, con su excremento, está contribuyendo a la proliferación de los moscos, ya que su presencia incrementa la producción bacteriana”, argumentó la funcionaria departamental.
“No se puede desconocer la problemática ocasionada por las aguas residuales de los municipios y las penitenciarías y, para completar, hay comportamientos antrópicos, asociados a los estilos de vida de las familias del sector, que agravan la situación”, reconoció la Secretaría de Salud de Boyacá.
Frente al reclamo de la comunidad para que esta dependencia aplique sanciones a quienes contaminan la represa, indicó que esa función no es competencia de ese despacho. Su tarea, recalcó, “es identificar el riesgo, gestionarlo para conocimiento y fines pertinentes y darle traslado por competencia”, en este caso, a las autoridades ambientales y a entes de control como la Procuraduría.
Ubres inflamadas
A eso se suma una práctica irregular y malsana de algunos pequeños ganaderos, de llevar a pastar a sus animales cerca de la represa contaminada, lo que les ocasiona enfermedades intestinales, de acuerdo con el reporte del director de la Umata. En su opinión, esto representa un riesgo adicional, por la sospecha de trazas de metales pesados en la carne y la leche obtenidas de los semovientes.
“Lo único que podemos hacer – dijo el funcionario – es realizar jornadas periódicas de fumigación en las fincas y recomendarles a sus propietarios mantener adecuadas condiciones de higiene para evitar la concentración de insectos en sus predios”. Agregó que hace dos meses visitó la represa junto a representantes de la Secretaría de Salud de Boyacá para inocularle un hongo, con el fin de controlar la población de zancudos; sin embargo, esto funcionó por un tiempo.
A la justicia nadie le hace caso
En 1999, Jorge Enrique Cuervo y otros habitantes de la región presentaron ante el Tribunal Administrativo de Boyacá una acción popular en la que reclamaban el saneamiento de la represa y la implementación de sistemas para tratar las aguas residuales a ella vertidas.
El Tribunal les dio la razón y ordenó a los municipios de Tunja, Oicatá y Cómbita, y a las autoridades carcelarias, prever las inversiones necesarias y ejecutar las obras correspondientes. 20 años después, la Alcaldía de Tunja es la entidad que más ha avanzado y en diciembre de 2020, la empresa Veolia, que opera los servicios de acueducto y alcantarillado de la ciudad, espera tener a punto la planta de tratamiento que hoy remueve solo el 40 por ciento de la materia orgánica.
Tanto se ha acostumbrado la comunidad a la situación, que le parecen increíbles los 20 años transcurridos desde el pronunciamiento del Tribunal. Ana Paulina Camen, habitante de la vereda Resguardo, en el sector de Santa Teresa, esboza en su rostro una mueca de sorpresa e incredulidad, “no puede ser que haya pasado tanto tiempo y todavía estemos en estas”.
De esa manera se refiere al hecho de que aún se siguen arrojando aguas sanitarias a La Playa y los responsables les han tomado el pelo a los magistrados y al acompañamiento de la propia Procuraduría. En el 2010 el Tribunal echó mano del recurso legal conocido como incidente de desacato para conminar a las entidades vinculadas al proceso a tratar efectivamente las aguas negras, pero aún el lío persiste. La determinación cobijó al Inpec, al municipio de Tunja, a Usochicamocha y a Corpoboyacá “por el incumplimiento de la sentencia aprobatoria del pacto de cumplimiento y se sancionó a las precitadas entidades con multa por el desacato a orden judicial”.
Aunque inicialmente el incidente de desacato fue declarado nulo por el Consejo de Estado (el 24 de marzo de 2011), el mismo se reactivó a partir del 23 de septiembre de ese mismo año y el 12 de noviembre de 2019, el Tribunal lo resolvió, declarando la responsabilidad del Inpec y multando al director del complejo carcelario. Este fallo se encuentra en fase de revisión en el Consejo de Estado.
Al ser consultada sobre el caso, la Procuraduría Ambiental y Agraria de Boyacá respondió que, en el marco de sus competencias, ha hecho seguimientos y requerimientos a todas las entidades involucradas. El ente de control propuso realizar un estudio técnico que permita guiar acciones dirigidas a atender integralmente lo dispuesto por la acción popular. Su petición fue acogida por el Tribunal, que en la audiencia del pasado 16 de septiembre ordenó a Corpoboyacá, a la ADR y a Usochicamocha avanzar en esa tarea.
La Procuraduría consideró necesario asignarle obligaciones puntuales a cada una de las entidades responsables, estimó prioritaria la destinación de recursos estatales para el mantenimiento de la represa y llamó la atención de la ADR para que cumpla con alinderar su perímetro y se evite de esa manera la presencia de ganado en sus riberas.
Desde la Procuraduría Ambiental se denunció además la existencia de un problema adicional: la presencia de animales muertos y de envases de agroquímicos en la bocatoma, situación que incide en el deterioro de la represa.
Edgar Vargas, ex concejal de Tuta, se refirió al tema como “un ping pong entre las autoridades competentes, tanto así que, ante la inefectividad de la acción popular, 120 ciudadanos presentaron en febrero de 2020 ante la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja una acción de tutela en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Agricultura y Ambiente, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Corpoboyacá y Uchicamocha, y en ella se pedía declarar al río Jordán y sus vertientes, como sujetos de derechos, y proteger los de la comunidad”.
Su respuesta se produjo el pasado 26 de marzo; el Tribunal resolvió tutelar “los derechos a la vida digna, a la salud, a la integridad física, al ambiente sano” y ordenó a Corpoboyacá adelantar una diligencia de inspección para inventariar los vertimientos de aguas servidas y otro tipo de desechos a la represa La Playa y a los ríos Jordán y Tuta.
A las otras entidades les impuso la tarea de establecer y planear la realización de las obras de infraestructura necesarias para erradicar las fuentes de contaminación, y al Inpec le llamó la atención por desatender el pacto de cumplimiento relativo al control de las aguas residuales provenientes del complejo carcelario de Cómbita.
Pese a la contundencia del fallo, este fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia, al considerar que la Sala Civil de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja no era competente para tomar tal decisión y ordenó la remisión del expediente a los Juzgados Civiles del Circuito de Tunja, con el fin de abocar su conocimiento y posterior reparto a un juez que asuma el caso.
La noticia generó desazón entre la comunidad, se trataba de un segundo fallo a través del cual se acogían sus reclamos. Édgar Vargas lo consideró insólito pues a pesar de la contaminación, los insectos y los malos olores surgió un nuevo obstáculo jurídico. “A la comunidad no hay quién la defienda”, concluyó con enojo.
Una represa contaminada que riega tierras productivas
Esta entidad fue la encargada de construir la red de canales de drenaje que permitiría la explotación agropecuaria de aproximadamente 9.000 hectáreas de los valles del Alto Chicamocha y Firavitoba, que se anegaban en invierno y permanecían inundadas en el verano.
“No eran productivas, no podían ser aprovechadas para la agricultura”, señala Sandra Ríos Ravelo, gerente encargada de Usochicamocha, la asociación de usuarios del Distrito de Riego que opera esta infraestructura desde 1995, a partir de un contrato de administración celebrado con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), propietaria del complejo.
En 1955, la firma Irusta y Fortul realizó el ‘Estudio Preliminar de Suelos’ del área del proyecto y la firma Escobar, Venegas y Rodríguez preparó para Electraguas un informe, recomendando construir la presa sobre el río Tuta. Su diseño se concibió en 1957 y estuvo a cargo de la firma estadounidense J. Tipton. Así aparece consignado en un Informe ejecutivo de presentación del Distrito.
Distribución del Distrito de Riego y Drenaje del Alto Chicamocha. (Imagen: Usochicamocha).
Es frecuente leer y escuchar, en los fallos de los tribunales y en las quejas de los habitantes de Tuta, que Usochicamocha no ha estado a la altura de sus obligaciones, al permitir la putrefacción de las aguas de la represa. Sandra Ríos Ravelo, gerente encargada de la entidad, sostiene que Usochicamocha también es víctima de la situación por padecer la descarga de vertimientos contaminados a La Playa y a los canales de drenaje.
Datos de la entidad indican que actualmente se cosechan 52.000 toneladas anuales de productos agrícolas, y se obtienen 30 millones de litros de leche, con los cuales se abastece el mercado nacional.
“Los usuarios del servicio de riego, que son aproximadamente cuatro mil, tienen problemas para exportar, dada la deficiente calidad del agua”, admite Ríos. Su afirmación es respaldada por Horacio Pachón Ariza, jefe del Departamento de Conservación de la asociación, quien se refirió a la existencia de coliformes, trazas de materiales pesados y otros elementos contaminantes identificados en los estudios de laboratorio realizados.
Aunque en el caso de La Playa, su contaminación logra diluirse al combinarse con la procedente de La Copa, en una proporción de 20/80, antes de enviarse a través del río Chicamocha, Horacio Pachón es enfático en señalar que el problema debe cortarse de raíz y que a La Playa debería llegarle agua limpia.
La gerente del distrito, es consciente del efecto negativo del buchón, los malos olores y los insectos sobre la vida de los habitantes de Tuta, pero insiste en la responsabilidad de Tunja, Oicatá, Cómbita y las cárceles de Alta Seguridad de Cómbita y El Barne -al verter sus aguas sanitarias a la presa - y en la urgente necesidad de construir y poner en funcionamiento sus plantas de tratamiento.
Al igual que la comunidad de Tuta, los usuarios del Distrito de Riego confían en la efectividad de las acciones judiciales para superar un conflicto de más de 50 años, caracterizado por desidia de los implicados respecto al cumplimiento de sus obligaciones y la timidez de las entidades ambientales y de control para ejercer autoridad con contundencia.
Diego Guzmán Pachón, director regional de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), propietaria de las represas y del distrito, afirmó que la responsabilidad de esta agencia estatal, a través de Usochicamocha, frente al manejo de la represa de La Playa, se centra en la operación de las compuertas, el control del caudal de la represa y las acciones de limpieza y eliminación del buchón. Sin embargo, salvó la responsabilidad institucional.
Mencionó el ejemplo de los varios intentos de retirar el buchón y se refirió a ellos como “un paliativo ineficaz, toda vez que los nutrientes existentes en las aguas contaminadas no permiten su erradicación y los esfuerzos que se hagan frente a ese tema son inoficiosos”.
Ante las reiteradas sindicaciones sobre su competencia para solucionar la contaminación de La Playa, Guzmán Pachón pidió a la comunidad y a los tribunales entender que el origen del problema está en el vertimiento de aguas residuales de los municipios de la cuenca alta y de las cárceles, y pidió a los organismos judiciales exigir a las entidades directamente responsables ejecutar las labores pendientes para superar la situación.
El distrito, un sistema despreciado
German Cely Reyes es el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), escuela que ha adelantado varios estudios sobre la zona.
Muchas familias vieron en la agricultura y la ganadería una alternativa económica, y la infraestructura del Distrito sirvió de soporte para su desarrollo. Hoy, la región es centro de producción de cebolla y hortalizas, además de pastos, fundamentales para la actividad láctea. El crecimiento impulsó la vinculación de mano de obra y la contratación de servicios de transporte e insumos.
Indicó también la incidencia de la radiación solar sobre algunos agentes biológicos. El lío -recalcó- se presenta en época seca: “La dilución es baja y alcanza a ser complejo el tema del uso de estas aguas para regadío”.
Algo huele mal
Los cálculos de la empresa Veolia Tunja, filial de la multinacional francesa Veolia Group, que desde 1996 administra el servicio de acueducto y alcantarillado de Tunja a través del contrato de concesión no. 132, prevén que, a diciembre de 2020, la planta de tratamiento de la ciudad logrará tratar el 80 por ciento de las aguas residuales de la capital. Cabe señalar que tanto la Alcaldía como Veolia reportaron en un informe del 20 de diciembre del 2019 un avance del 99,2% en la extensión de redes de alcantarillado.
La planta de tratamiento, en la que se han invertido alrededor de 20 millones de dólares, luego del Acuerdo de Voluntades firmado en 2007 entre autoridades nacionales y regionales, empezó a operar parcialmente en 2017. Desde ese momento se han tratado paquetes de caudal del agua residual pactados con la autoridad ambiental, en el marco del Plan de Manejo y Saneamiento de Vertimientos (PSMV) de la ciudad y de las metas de reducción de la carga contaminante tanto al río Jordán -o ‘Chulo’- como a la represa de La Playa.
Estas metas, fijadas en 2016 y con un plazo de cumplimiento de cinco años, comprometen (para el caso del tramo 1 del río Chicamocha, entre Tunja y Paipa) a los municipios de Tunja, Oicatá, Cómbita, Motavita, al Inpec y a empresas situadas en ese corredor.
El proceso tiene tres etapas principales: la primera es retirar los desechos de gran tamaño lanzados al alcantarillado, como muebles y colchones; la segunda es la activación de los reactores aeróbicos; y la tercera es de tipo anaeróbico, consistente en un tratamiento generador de gas metano, conocido como atmósferas explosivas, el cual, por sus características, precisa de un manejo especial.
“El objetivo –dijo Acosta- es llegar a un 80 por ciento de remoción de la carga orgánica, lo admisible dentro de la norma nacional; eso significa que de cada mil kilogramos que lleguen a través del alcantarillado se deben retener 800 kilogramos a partir del próximo diciembre”.
Si lo explicado por el gerente de Planeación de Veolia corresponde a la realidad, ¿cómo es posible que se haya incrementado la contaminación en La Playa y el crecimiento exponencial del buchón de agua?
Al ser confrontado sobre este tema, Fredy Acosta estimó conveniente que las autoridades investiguen, “pues algo extraño ocurre desde el 2018”.
Sugirió que en algún punto del trayecto se debe estar registrando el vertimiento de un componente muy concentrado, el cual ha provocado la eutrofización del estanque “y al no poder ingresar la radiación solar ni haber intercambio de aire, este se convierte en un reactor anaeróbico, de allí el olor a ácido sulfídrico (H₂S), muy similar al del huevo podrido”.
Insistió en el avance logrado para tratar las aguas servidas de Tunja, consideró importante que tal esfuerzo se complemente con el compromiso de las otras instituciones y se refirió al riesgo que representa la cría de cerdos en inmediaciones de La Playa y del río Jordán, por su especial aporte de materia orgánica.
El Inpec y un anuncio que sorprendió
Corpoboyacá, la principal autoridad ambiental de la zona, informó que la ciudad de Tunja tiene un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado desde 2011, cuyo nivel de cumplimiento a la fecha se encuentra en un 94,45 %.
Herman Amaya Téllez, director de esta corporación, admitió, sin embargo, que otras instituciones están en mora, las cárceles El Barne y de Alta Seguridad de Cómbita “no tienen un sistema de tratamiento de aguas residuales eficiente y prácticamente estas llegan directamente al embalse”, por lo que se encuentra vigente un proceso sancionatorio ambiental en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “por el incumplimiento reiterado en cuanto a la obligación que le asiste de contar con un permiso de vertimientos, lo que presupone sistemas de tratamiento de aguas residuales en operación plena y cumpliendo la norma”. Su respuesta se produjo el día 27 de julio de 2020.
El trámite sancionatorio se encuentra en etapa probatoria y al mismo tiempo se analiza un recurso de reposición interpuesto por el Inpec, a través del cual solicita vinculación al caso a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con el argumento de que esa entidad es la responsable de adelantar el trámite de permiso de vertimientos y puesta en marcha de la planta.
Desde la aprobación del pacto de cumplimiento, en junio de 2000, se señaló “que además de las implicaciones de tipo penal por el desobedecimiento de quien incumpla la sentencia, incurre en multa de hasta 50 SMMLV conmutables en arresto hasta por seis meses”
La autoridad ambiental tiene activos otros dos procesos sancionatorios: uno contra la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), propietaria de la represa, por el presunto incumplimiento de obligaciones adquiridas a la luz de la licencia ambiental otorgada en 1996, y otro contra el municipio de Tunja por incumplimiento a obligaciones asociadas al plan de manejo y saneamiento de vertimientos (PSMV) de la ciudad. El pasado 16 de septiembre, Corpoboyacá anunció la apertura de sancionatorios a los municipios que siguen vertiendo sus aguas residuales tanto al río como a la represa.
Quijano señaló el 31 de diciembre de 2020 como la fecha de conclusión de tales contratos y de entrega de las obras, con lo cual se espera culmine una estela de dilaciones con consecuencias negativas para el agua la represa de la que depende el distrito de riego, y cuyo deterioro afecta a la comunidad de Tuta.
A través de un derecho de petición consultamos al Inpec sobre otros señalamientos de la comunidad referidos al presunto vertimiento de desechos provenientes de criaderos de cerdos; sin embargo, al cierre de esta publicación no se había dado respuesta al cuestionario enviado.
Las alcaldías llamadas a cumplir con sus obligaciones presentaron sus descargos. El alcalde de Tuta Yesid Soto Monroy reiteró, durante la audiencia, las molestias que inquietan a sus paisanos y admitió que son parte del problema por el vertimiento realizado desde la vereda Río de Piedras. Se comprometió a avanzar en presentar un proyecto para buscar la construcción de una planta. “Necesitamos una solución rápida y estamos en disposición de colaborar”, aseguró.
Alcalde de Oicatá Fredy Garzón Rojas sumó la voluntad de su administración para superar la situación. Aseveró que han colaborado con maquinaria para retirar el buchón y se refirió al proyecto de construcción de la PTAR y de ejecución del plan maestro de alcantarillado, actualmente en revisión por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá. La inversión estimada es de siete mil millones de pesos. “El río pasa por nuestros predios y para nosotros es importante que esté en buenas condiciones”, reflexionó.
Por su parte el alcalde de Cómbita Nelson Pérez Suárez sostuvo que su gobierno solo dispone de 420 millones, depositados en un fondo del Plan Departamental de Aguas, para la construcción del sistema de alcantarillado y de las plantas de tratamiento del municipio, obras que requieren de una inversión total estimada de 10.000 millones de pesos.
Pérez explicó que son 10 los vertimientos de aguas residuales del municipio, cinco van al sector donde se proyecta construir la PTAR que permitirá tratar las aguas servidas del casco urbano, y cinco, generados por el caserío El Barne colindante con el complejo carcelario, terminan en la represa de La Playa.
Inversiones realizadas y proyectadas
Respecto a las inversiones de Corpoboyacá para aportar a la descontaminación del río Jordán y la represa de La Playa, el director de la entidad indicó que desde 2005 a la fecha ha aportado $19.925 millones, destinados a financiar la compra del lote donde se ubica la planta de tratamiento de Tunja y la construcción de los tres módulos de la misma, además del interceptor para facilitar la conexión del alcantarillado con la planta.
Aunque el proyecto diseñado en 2007 contemplaba la construcción de tres módulos, hoy solo funcionan el II y el III; el primer módulo tuvo problemas legales y no logró entrar en operación en 2017. Sin embargo, el secretario de Desarrollo de Tunja, Wilson Velásquez Ayala, aseguró que este se encuentra en fase de adecuación y puesta en marcha. Su entrega se anunció para el 12 de noviembre próximo, según lo dicho por el alcalde de la ciudad, Alejandro Fúneme González, en la audiencia de seguimiento convocada por el magistrado Fernández.
El alcalde agregó que la actual administración proyecta la construcción de un cuarto módulo. Dijo que podría estar listo en 2024.
Expresó la disposición de la Corporación para aportar con recursos técnicos, humanos y financieros a la descontaminación de la cuenca alta del río Chicamocha.
Resumió las acciones a emprender para alcanzar ese cometido: la entrada en operación del módulo 1 de la PTAR de Tunja (actualmente están operando parcialmente los módulos II y III); la construcción del módulo 4 (proyectada entre 2020 y 2024); la construcción de las PTAR de Cómbita, Oicatá y Chivatá; la puesta en operación al 100 por ciento de las PTAR de los centros penitenciarios; y la actualización de la licencia ambiental de la represa La Playa por parte de la ADR. “Esta es la solución integral para bajar las tensiones socioecológicas que tiene este embalse”, concluyó Amaya.
Al final, la autoridad ambiental cierra su informe con una conclusión bastante obvia: “Por eso la importancia (de) que se realice el tratamiento del 100% de las aguas residuales que genera el municipio de Tunja para así cumplir con los objetivos de calidad de este tramo que es para uso agrícola”.
Su angustia la comparte el magistrado José Fernández Osorio, quien con varias frases lapidarias resumió el problema y la desazón: “Esta es una acción popular que da pena ya, lleva 20 años y el deterioro del embalse es cada día peor… Esta es una chuteadera de balón entre las autoridades… A uno le queda algo de tristeza cuando escucha a todos los funcionarios del Estado como si el Estado no fuera uno solo”.
Editora: Olga Behar Leiser
Revisión legal: Juan Parra Escobar
